La administración municipal actual de Puebla enfrenta un déficit financiero de 547 millones de pesos, producto de una serie de irregularidades financieras heredadas de la gestión anterior. Este faltante incluye diversos rubros como faltantes bancarios, pagos pendientes por obra pública, adeudos, y contratos comprometidos. La situación ha llevado a las autoridades municipales a iniciar una investigación detallada para deslindar responsabilidades, y no se descarta que se presenten denuncias penales contra quienes resulten responsables.
Investigación en marcha y posible demanda penal
El titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOM), Franco Rodríguez Álvarez, calificó la situación como una “mala administración” y rechazó la versión de que se tratara de un error administrativo. Señaló que el déficit representa casi el 10% del presupuesto del ayuntamiento, lo que hace que el problema sea mucho más grave de lo que se había informado inicialmente.
En un principio, se hablaba de un déficit de 600 millones de pesos, pero tras un análisis exhaustivo se concluyó que el monto real es de 547 millones de pesos, lo que representa una diferencia de 53 millones de pesos menos. Esta cifra está desglosada de la siguiente manera:
- 333.9 millones de pesos en faltantes bancarios.
- 117 millones de pesos comprometidos en contratos de obras públicas.
- 96.2 millones de pesos correspondientes a rubros prioritarios que no fueron incluidos en el presupuesto pero que debían haberse considerado.
¿Dónde se encuentran los faltantes?
Según el tesorero municipal, Héctor Romay González Cobián, el dinero faltante se debe principalmente a compromisos de pago que fueron asumidos sin respaldo presupuestario en la administración pasada, liderada por Adán Domínguez Sánchez. Aunque la pasada administración dejó un saldo de 232.8 millones de pesos en bancos, solo 100.3 millones de ese monto pudieron utilizarse para cubrir las deudas de 434.2 millones de pesos que quedaron pendientes.
Además, se informó que el resto de los fondos (más de 132 millones de pesos) están destinados al Ramo 33, lo que significa que son recursos etiquetados para fines específicos y no podían usarse para cubrir los compromisos pendientes.
Irregularidades en los servicios básicos y otros pendientes
La situación es aún más crítica en algunas dependencias municipales, que incluso enfrentan adeudos por servicios básicos, como el pago de electricidad. La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, informó que, tras recibir una denuncia sobre las irregularidades el 13 de noviembre, se inició la integración de un expediente para investigar las faltas administrativas. Además, no se descarta la posibilidad de interponer denuncias penales cuando se concluya con las investigaciones.
Posibles implicados: Adán Domínguez y Eduardo Rivera
En este proceso de investigación, también se analiza si las irregularidades son responsabilidad exclusiva de Adán Domínguez Sánchez, quien fue alcalde durante la mayor parte del periodo en cuestión, o si la gestión de Eduardo Rivera Pérez, quien pidió licencia para postularse a la gubernatura, también está involucrada. Rivera Pérez dejó su puesto en el Ayuntamiento, el cual fue asumido por José Chedraui, quien ahora lidera la administración municipal.
Aseguran que la investigación se llevará a cabo con apego a la ley
La contralora municipal destacó que se agotarán todas las líneas de investigación, y que se procederá con total objetividad, sin “fobias” ni “cacería de brujas”. Reiteró que el análisis se hará conforme a derecho y en apego a la normatividad para determinar las responsabilidades correspondientes.
Dulce Lilia Rivera también indicó que se notificaron 368 observaciones relacionadas con las irregularidades en el proceso de entrega-recepción, las cuales serán enviadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su revisión.
